Por: Stephen Sefton, 26 de octubre de 2025
De una forma u otra, el comportamiento criminal y el abuso del tema de la criminalidad han sido elementos permanentes e integrales de las políticas exteriores de las élites gobernantes occidentales durante siglos. Por un lado, sus gobiernos han cometido terribles crímenes contra los pueblos del mundo mayoritario, y por otro, han aprovechado su violento dominio mundial para denunciar como criminales o terroristas a movimientos políticos y gobiernos que han resistido su voluntad. Vemos otro ejemplo más de este comportamiento ahora en la agresión militar y diplomática norteamericana contra Venezuela y Colombia.
La enfática ruptura de las relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno norteamericano marca un momento con secuelas difíciles de prever dentro de Colombia y en la región. Como evidencia la descarada intervención del Secretario de Estado Marco Rubio en los asuntos internos de Colombia a favor del notorio narcoterrorista ex presidente Álvaro Uribe, los paramilitares narcotraficantes colombianos y sus líderes políticos siempre han sido peones fieles del gobierno norteamericano. Por el momento, solamente Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua y algunas naciones caribeñas se han expresado activamente en rechazo de las graves amenazas contra Venezuela.
El gobierno del presidente Trump ha acusado al presidente Nicolás Maduro y ahora al presidente Gustavo Petro de ser criminales, aunque ambos han sido de los pocos dirigentes activos en combatir con éxito el crimen organizado y el narcotráfico en la región. El gobierno norteamericano finge ser duro contra el narcotráfico, cuando es el que menos ha hecho para frenar el narcotráfico en su propio país, mientras las agencias antidroga, militares y los bancos norteamericanos son conocidos cómplices importantes del narcotráfico internacional. En otras regiones del mundo, el gobierno norteamericano finge ser un árbitro neutro de buena voluntad que solo busca la paz, cuando en verdad sigue siendo el poder terrorista más importante, al lado del régimen nazi en Ucrania y del régimen sionista en Palestina.
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La historia moderna del comportamiento cínico del Occidente colectivo data de la fundación de las Naciones Unidas en 1945. Antes de esa fecha, los poderes imperialistas casi no se preocupaban por esconder sus horrendos crímenes contra los pueblos del mundo mayoritario. En 1945, los tribunales occidentales que condenaron los crímenes de la Alemania nazi y del Imperio japonés dieron una especie de coartada a los criminales norteamericanos y europeos. Fundar la ONU fue esencialmente un truco maestro para hacer desaparecer los siglos de genocidio y pillaje occidental del mundo mayoritario.
De hecho, fue presentado como un acto de borrón y cuenta nueva por los criminales imperialistas occidentales. Supuestamente, de allí en adelante todos acatarían las nuevas reglas de la no intervención, no agresión y autodeterminación de los pueblos. Por supuesto, para los pueblos de África y Asia, fue un cruel engaño. Muchos de los criminales japoneses y alemanes se integraron con tranquilidad en las estructuras anticomunistas establecidas por los poderes occidentales. Sus élites gobernantes prosiguieron sus prácticas genocidas alrededor del mundo, saboteando la independencia de sus antiguas colonias y protegiendo los regímenes racistas en Sudáfrica e Israel.
Poco ha cambiado en su conducta. El Occidente colectivo ha denunciado falsamente a la Federación Rusa por el “crimen de agresión militar” contra Ucrania, cuando fueron los gobiernos de la OTAN quienes financiaron, entrenaron y armaron al régimen nazi ucraniano para atacar a la población rusoparlante de Donbass desde 2014. En 2022, Rusia actuó en defensa de la población civil de Donetsk y Lugansk, bombardeada por las fuerzas ucranianas supervisadas por sus aliados norteamericanos y europeos. De manera similar, los gobiernos occidentales y sus medios de guerra psicológica acusan a los movimientos de resistencia del Líbano y Palestina de ser terroristas, cuando éstos actúan conforme al derecho internacional para resistir la ocupación ilegal y genocida de Palestina, facilitada plenamente por el Occidente colectivo.
La CIA ha sido una herramienta clave de la política exterior norteamericana, actuando fuera del control legislativo y aliada con el crimen organizado. Desde la posguerra, la CIA mantuvo relaciones con gánsteres como Lucky Luciano y Meyer Lansky, quien colaboró en la campaña contra la Revolución Cubana y, según múltiples fuentes, con el asesinato de John F. Kennedy. El narcotráfico y el crimen organizado han sido fuentes de financiamiento para las operaciones de la CIA en Guatemala, Cuba, Vietnam, Irán, Afganistán, Indonesia y el Congo, entre muchos otros países. Durante setenta años, la CIA ha subvertido gobiernos legítimos en América Latina y el Caribe, incluyendo la guerra contrarrevolucionaria contra Nicaragua en los años 80.
La Corte Penal Internacional (CPI) fue fundada por iniciativa de los poderes occidentales sobre bases jurídicas defectuosas, como los tribunales internacionales de Ruanda y Yugoslavia. Persiguió al presidente Laurent Gbagbo por motivos políticos, sin pruebas suficientes, y lo mantuvo preso más de diez años. Nunca ha juzgado a los líderes occidentales responsables de la guerra ilegal contra Irak, y solo a regañadientes ha acusado a la dirigencia sionista de Israel, sabiendo que ningún gobierno occidental ejecutará su orden de arresto.
El abuso político y selectivo de la justicia occidental se refleja en el congelamiento de activos de países como Irán, Venezuela y Rusia, y en el secuestro de aviones venezolanos por parte de Argentina y República Dominicana, muestra del abuso extraterritorial del sistema judicial norteamericano.
Durante treinta años, Estados Unidos ha aplicado ilegalmente la Ley Helms-Burton contra el pueblo de Cuba, imponiendo sus leyes nacionales como normas internacionales. Casos como el de Argentina bajo Cristina Fernández y la posterior entrega de su soberanía económica bajo Mauricio Macri ejemplifican la intervención neocolonial norteamericana en la región.
La extradición de Alex Saab, diplomático venezolano detenido en Cabo Verde, representa uno de los abusos más graves del derecho internacional en años recientes. Saab gestionaba recursos para garantizar alimentos y medicinas al pueblo venezolano, pero fue entregado ilegalmente a Estados Unidos.
Un abuso similar se cometió contra Julian Assange, perseguido por revelar los crímenes norteamericanos en Afganistán e Irak. Los sistemas de injusticia de Suecia y el Reino Unido, en coordinación con Washington, conspiraron para negar sus derechos básicos. Tras 15 años, Assange fue liberado, aunque el caso evidencia la politización de la justicia occidental.
Toda esta historia demuestra la mala fe del Occidente colectivo, tanto por sus crímenes históricos como por su abuso del discurso de la criminalidad para justificar sus constantes agresiones. Nicaragua ha sido víctima de esta realidad a lo largo de su historia moderna. Las tropas de ocupación norteamericanas llamaron “bandolero” al General Sandino por defender la dignidad nacional y la soberanía.
El Comandante Daniel Ortega recordó en la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP las palabras del General Sandino, quien denunció desde entonces el narcotráfico y la corrupción yanqui. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro han afirmado que los principales narcotraficantes están en Miami, Nueva York y en capitales europeas, respaldando la visión del Comandante Daniel, quien señaló:
“En Estados Unidos cuántos miles de narcotraficantes están ahí bien instalados, gozando y disfrutando; cuántos narcotraficantes estarán ahí en las Instituciones del Estado norteamericano. Porque no hay otra explicación. Cómo es posible, teniendo ellos un aparataje militar inmenso, sofisticado, y no pueden controlar a los narcotraficantes que andan vendiendo, distribuyendo la droga y luego colocan la plata en los bancos norteamericanos.”
Esta entrada fue modificada por última vez el 26 de octubre de 2025 a las 2:26 PM
