MANAGUA – NICARAGUA / Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en segunda legislatura la reforma constitucional a los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de Nicaragua, con el objetivo principal de proteger el patrimonio nacional y fortalecer el combate frontal contra la corrupción, marcando un avance significativo en la defensa de los intereses del Estado y del pueblo nicaragüense.
Durante la sesión plenaria, los legisladores respaldaron la iniciativa que refuerza el marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar prácticas corruptas que afecten los bienes públicos y los recursos nacionales, considerados fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
La aprobación de esta reforma se enmarca en los esfuerzos institucionales por consolidar un Estado más transparente y responsable, en el que se garantice el uso correcto de los recursos públicos en beneficio del bien común y la justicia social.
REFUERZO INSTITUCIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
La normativa establece que la Procuraduría General de Justicia será la institución encargada de velar, cuidar y proteger los intereses del Estado y del pueblo de Nicaragua, así como de garantizar el cumplimiento de la ley frente a actos de robo, malversación u otros delitos vinculados a la corrupción.
Con esta atribución, la Procuraduría fortalece su rol como ente clave en la defensa del patrimonio público, asegurando acciones legales oportunas y eficaces para la recuperación de bienes y la sanción de los responsables.
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Las autoridades destacaron que esta reforma contribuye a consolidar la institucionalidad del país, promoviendo una gestión pública más ética y transparente, alineada con los principios constitucionales.
JUSTICIA, BIEN COMÚN Y DESARROLLO SOCIAL
De acuerdo con lo establecido en la Ley “Todos contra la Corrupción”, las personas imputadas por delitos relacionados deberán rendir cuentas ante la justicia, reafirmando el compromiso del Estado con la legalidad y la responsabilidad pública.
Estas acciones están orientadas a fortalecer el bien común y la justicia social, elementos esenciales para reducir la pobreza y promover un desarrollo sostenible e inclusivo.
La reforma constitucional representa, así, un paso firme en la consolidación de un marco legal que protege los intereses nacionales y refuerza la lucha permanente contra la corrupción en Nicaragua.
Esta entrada fue modificada por última vez el 14 de enero de 2026 a las 2:36 PM
