Por, Stalin Vladímir Centeno.
El 29 de enero de 2014, durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, los Jefes de Estado y de Gobierno de 33 países aprobaron la Proclama que declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
La decisión quedó registrada oficialmente en la Declaración de La Habana y fue remitida al Secretario General de las Naciones Unidas mediante la nota verbal A/68/914 del 14 de febrero de 2014 por la Misión Permanente de Cuba, incorporándose así al sistema documental de la ONU como compromiso político regional de alcance internacional.
La Proclama estableció un marco normativo claro basado en los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza de su empleo, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho inalienable de cada pueblo a elegir su sistema político, económico, social y cultural. Estos principios fueron asumidos como guía obligatoria del comportamiento internacional de los Estados miembros de la CELAC. El contexto en que se adoptó la declaratoria estuvo determinado por la expansión de conflictos armados fuera de la región y por el incremento sostenido de la presencia militar de potencias extrarregionales.
Ante esa realidad, América Latina y el Caribe optaron por fijar una posición conjunta que delimitara el uso de la fuerza como herramienta política y estableciera el diálogo y la concertación como mecanismos prioritarios para la resolución de disputas, tanto internas como entre Estados. El respaldo internacional a la Proclama se manifestó de manera inmediata desde Naciones Unidas.
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En febrero de 2014, Alfred de Zayas, experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificó la declaración como un ejemplo para el mundo entero y destacó su énfasis en el desarme universal, incluido el comercio de armas convencionales. De Zayas señaló que la Zona de Paz podía tener un impacto incluso mayor que el Tratado de Tlatelolco, que en 1967 convirtió a la región en zona libre de armas nucleares.
Durante el período posterior a la proclamación, la vigencia de la Zona de Paz fue puesta en contexto por hechos como la Orden Ejecutiva 13692 emitida por Estados Unidos el 8 de marzo de 2015, que calificó a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional.
Este episodio fue analizado en la región como una manifestación de tensiones persistentes entre el compromiso regional de no uso de la fuerza y determinadas políticas de seguridad impulsadas desde fuera del continente.
Entre 2014 y 2026, el entorno geopolítico global se caracterizó por un aumento de conflictos armados, sanciones unilaterales, guerras híbridas y expansión de alianzas militares. En ese mismo período, Estados Unidos consolidó una red de más de 800 bases e instalaciones militares en el mundo, muchas de ellas bajo la estructura de la OTAN, con presencia directa o indirecta en América Latina y el Caribe. Estos datos han sido recurrentemente citados en análisis regionales al evaluar los desafíos a la Zona de Paz.
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En el ámbito regional, la Proclama ha sido reafirmada por distintos mecanismos de integración. En 2024, la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano ratificó en todos sus términos la declaratoria de Zona de Paz, subrayando su carácter vigente como marco político regional. Esta ratificación fue acompañada por pronunciamientos oficiales de gobiernos de la región que reiteraron su adhesión a los principios fundacionales adoptados en 2014.
El Caribe ha desempeñado un papel relevante en la sostenibilidad de este compromiso, particularmente a través de su participación activa en la CELAC y en foros multilaterales donde se ha insistido en la necesidad de preservar a la región al margen de escaladas militares. La posición caribeña ha enfatizado la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares frente a conflictos armados y la importancia de la estabilidad para el desarrollo económico y social.
A doce años de la proclamación, cumplidos el 29 de enero de 2026, el análisis de los documentos oficiales y de las resoluciones posteriores muestra que la Zona de Paz fue definida mediante criterios que establecen límites concretos al uso de la fuerza como método de resolución. La declaratoria establece un referente que condiciona la acción diplomática regional y sirve como base para pronunciamientos conjuntos frente a escenarios de tensión.
La agresión militar dirigida contra Venezuela y su Presidente en 2025, el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, las amenazas de nuevas sanciones contra Nicaragua, la posibilidad de imponer aranceles a México por mantener intercambios comerciales petroleros y energéticos con La Habana así como las pretensiones expresadas desde Estados Unidos sobre una eventual ocupación del Canal de Panamá configuran un cuadro de presión creciente sobre América Latina y el Caribe, que refuerza la necesidad de que los mecanismos regionales de paz se consoliden, se fortalezcan y prevalezcan como eje central de la estabilidad continental.
Esta entrada fue modificada por última vez el 31 de enero de 2026 a las 6:44 PM
