El procurador de DD.HH. de Guatemala denunció, además, que nueve niñas que se salvaron en la tragedia están embarazadas, lo cual sugiere que fueron abusadas.
Tres exfuncionarios del Gobierno de Guatemala, todos encargados del albergue de menores que el miércoles pasado se incendió y se cobró la vida de al menos 40 adolescentes, fueron detenidos este lunes, informó el Ministerio Público.
Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes renunciaron a sus cargos tras la tragedia.
Los primeros indicios revelan que las jóvenes, de las cuales 12 permanecen hospitalizadas, estaban encerradas bajo llave en un aula pequeña y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.
Tras el hecho, familiares de las víctimas denunciaron al Gobierno como el responsable del siniestro y solicitaron la renuncia del presidente Jimmy Morales.
En una entrevista para teleSUR, Jorge de León Duque, procurador de DD.HH. de Guatemala, manifestó que indudablemente hay responsabilidad por parte del Estado “porque no ha sido capaz de garantizar la vida de las niñas que estaban bajo su protección”.
“Un día antes de la tragedia, presentamos como institución del procurador una acción de exhibición personal en la que pretendíamos que una jueza hiciera el conteo y la revisión de cada una de las niñas, lamentablemente la jueza no cumplió y hasta hoy no hemos recibido respuesta”, agregó.
Embarazo de nueve niñas sugiere abusos
El procurador De León Duque informó que nueve niñas que no formaron parte de la tragedia están embarazadas.
Durante el chequeo preliminar, luego de ser trasladas a otro refugio, se confirmó el embarazo de las menores. “Este es otro de los hechos lamentables (…) porque el embarazo de estas niñas obviamente sugiere una violación”, agregó.
De León Duque manifestó que desde hace años ha denunciado las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban los niños y adolescentes, “pero infortunadamente nunca fueron atendidas nuestras recomendaciones y nuestras exigencias”.
“Emití como procurador una resolución de condena, pedí medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los DD.HH. Pedí en noviembre del año pasado el cierre paulatino del centro porque no era posible atender 700, 800 niños en un hogar sin darles el tratamiento adecuado”, pero nada se hizo, detalló.
Esta entrada fue modificada por última vez el 14 de marzo de 2017 a las 10:19 AM