Dos años después de la desaparición de los 43 jóvenes, los familiares y víctimas del caso condenan la falta de gestión del Gobierno mexicano.
La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa se enfoca este domingo en la ubicación y estudio de fosas clandestinas, con tecnología de punta para detectar alteraciones de tierra en la región de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México.
Hasta el momento, los equipos de investigadores responsables de la indagatoria han ubicado al menos 119 lugares de posibles inhumaciones de ese tipo.
Asimismo, hacen énfasis en el rastreo de llamadas telefónicas desde la desaparición de los jóvenes (el 26 de septiembre de 2014) hasta la fecha. De igual forma fueron intervenidas por orden judicial, las llamadas de 132 números, incluidos dos propiedad de miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos y 12 de integrantes de la policía de Iguala.
El dato: Por la desaparición de los 43 estudiantes están consignadas 168 personas, 126 detenidas (54 policías municipales de Iguala y 19 del estado de Cocula y 53 integrantes de Guerreros Unidos); se registraron 922 declaraciones ministeriales y mil 700 intervenciones policíacas.
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, ha denunciado reiteradamente que el Gobierno mexicano protege a los autores de los hechos.
Existen 29 causas penales del caso, sin embargo, falta complementar ocho órdenes de aprehensión y siguen sin cumplirse varias de las recomendaciones de los expertos internacionales.
La teoría de la PGR indica que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Esta entrada fue modificada por última vez el 14 de noviembre de 2016 a las 11:44 AM