Carta de organizaciones de Estados Unidos en solidaridad con Nicaragua

“¿Cómo sería si Estados Unidos fuese visto por el resto del mundo interfiriendo directamente en las elecciones de otros países y todo el mundo lo supiera? ¿Cómo sería si nos involucráramos en ese mismo tipo de actividades perpetradas por ellos? Ello disminuye la reputación de un país “. Presidente Biden, junio de 2021.

Hace treinta y cinco años, el 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que Estados Unidos había violado el derecho internacional al apoyar a los Contras y minar los puertos de Nicaragua, incumpliendo las obligaciones internacionales de nuestro país de “no usar la fuerza contra otro Estado, no intervenir en sus asuntos y no violar su soberanía”. La decisión incluyó la necesidad de pagar reparaciones, calculadas en más de 17 mil millones de dólares. Estados Unidos se negó a cumplir. Más de 30.000 nicaragüenses murieron y la economía nicaragüense estaba totalmente destruida cuando terminó la guerra.

Estados Unidos procedió a interferir en las elecciones de 1990, invirtiendo millones de dólares para crear un candidato de su preferencia y amenazando al pueblo de Nicaragua con más guerra si no votaban de acuerdo con los dictados de Estados Unidos.

Tras el regreso de los sandinistas al poder mediante elecciones en 2007, Estados Unidos reanudó sus esfuerzos para socavar al gobierno sandinista, canalizando abiertamente más de $200 millones de dólares a través de organizaciones sin fines de lucro nicaragüenses y decenas de medios de comunicación de reciente creación, para sus esfuerzos de cambio de régimen. Esto culminó en un fallido intento de golpe de Estado que mató a más de 200 personas en 2018.

En julio de 2020, un documento de USAID filtrado desde la Embajada de los Estados Unidos en Managua describía un plan orquestado denominado RAIN o Responsive Assistance en Nicaragua, financiado por Estados Unidos para propiciar una transición de gobierno en Nicaragua durante los próximos dos años.

En este momento, la Ley Renacer está avanzando rápidamente en el Congreso de los Estados Unidos con la intención explícita de interferir en las elecciones de Nicaragua, como indica el título: REFORZAR LA ADHESIÓN DE NICARAGUA A LAS CONDICIONES PARA LA REFORMA ELECTORAL DE 2021. La Ley Renacer endurece las sanciones económicas. También amenaza a los votantes nicaragüenses para que voten por un candidato de la oposición si no quieren sufrir graves privaciones en los próximos años.

Nuestros amigos, familiares, socios organizativos y comunidades en Nicaragua quieren que Estados Unidos deje de interferir. Nos dicen que el gobierno de Nicaragua se preocupa por los pobres, citando la buena gobernanza de la que se benefician directamente: Seguridad Ciudadana, Seguridad Alimentaria, Agroecología, Acceso a la Atención Médica y la Educación, Compromiso con la Equidad de Género, Prevención y Mitigación de Desastres, Diversificación Energética, Mejor Infraestructura y Carreteras en la región, así como Programas para ampliar el Acceso a Vivienda, Agua y Electricidad. La pobreza y la pobreza extrema se han reducido en casi un 50% entre 2007 y 2017.

Los nicaragüenses NO ESTÁN huyendo a la frontera de Estados Unidos por miles, a diferencia de sus vecinos del “triángulo norte”.

Las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos en América Latina tienen una historia larga y sórdida y continúan haciendo un daño enorme en los muchos lugares donde están activas hoy. Las sanciones que aplica Estados Unidos para lograr el cambio de régimen son devastadoras para las personas más vulnerables y son ilegales.

A medida que se acercan las elecciones en Nicaragua, Estados Unidos está interfiriendo directamente y todo el mundo lo sabe. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que deje de interferir porque menoscaba la reputación de nuestro país.