Por Stalin Vladimir Centeno
El arresto de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado, solicitado por la DEA y señalado como engranaje clave del narcotráfico internacional, no es un caso aislado ni fortuito.
Es el síntoma visible de un entramado mucho más oscuro que conecta las más altas esferas del poder político de Costa Rica. Y aunque el presidente Rodrigo Chaves intente sacudirse el polvo y decir que “nunca ha hablado con él”, el hedor a encubrimiento y complicidad ya se ha filtrado por todas las grietas del sistema.
Celso Gamboa no cayó del cielo. Su meteórico ascenso de fiscal en Limón a magistrado de la Corte fue apadrinado por gobiernos anteriores, especialmente los de la desprestigiada Laura Chinchilla (2010-2014) y el viejo, torpe e inoperante Luis Guillermo Solís (2014-2018).
En esas administraciones, Gamboa no solo ocupó cargos clave en seguridad, sino que se movió como pez en el agua dentro de una estructura estatal que, ahora lo sabemos, fue absolutamente vulnerable al narcotráfico. No es casualidad que el Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa, entre otros, encontraran en Costa Rica un paraíso logístico.
La pregunta no es si Chinchilla o Solís sabían con quién trabajaban, sino cuánto sabían y por qué callaron. ¿Ignoraron deliberadamente los indicios por conveniencia política? ¿Fueron cómplices por omisión? Lo cierto es que no puede desligarse la responsabilidad histórica de quienes le entregaron el poder a Gamboa sin filtros ni escrúpulos. ¿Dónde estaba la inteligencia del Estado? ¿Quién firmó los ascensos? ¿Quién lo mantuvo en cargos sensibles, incluso cuando ya flotaban denuncias y sospechas?
Más aún, la corrupta expresidenta Chinchilla salió rápidamente a decir que “nadie está por encima de la ley”, como si con esa frase pudiera lavarse las manos. Pero ella fue su jefa directa. Y Solís, que se pasea ahora como académico progresista, «analista político» y crítico de líderes de izquierda, cuando su gobierno fue un completo desastre porque no actuó como jefe de Estado, sino como un monigote con banda presidencial, también debe responder: ¿cómo es posible que un personaje tan cuestionable sobreviviera en su gobierno sin que nadie alzara la voz?
El caso de Gamboa no es solo escándalo, es advertencia. El presidente Chaves dice no conocerlo, pero las pruebas lo contradicen.
Su director de inteligencia recibió a Gamboa en el Ministerio de Seguridad, lo alertó, y sin embargo no se rompió el contacto hasta ahora. Peor aún: la propia DEA afirma que Gamboa aseguró que el “Gobierno le daba paso libre al cargamento” de cocaína hacia EE. UU. Eso no se dice por decir. Eso se documenta. Y la DEA lo hizo: con base en una investigación sólida, presentó su acusación ante un tribunal federal de Texas, que emitió una orden internacional de captura. Fue entonces cuando la policía costarricense lo detuvo, iniciando un proceso que podría acabar en su extradición a Estados Unidos. Allá, Gamboa enfrenta dos cargos federales: conspiración para fabricar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína con intención de importarla a EE. UU., y fabricación y distribución de esa droga como parte de una organización criminal.
Y como si fuera parte de un libreto carcelario mal actuado, apenas fue detenido, Gamboa sacó de la manga un certificado médico con diez enfermedades: cáncer de colon, cáncer de piel, gastritis, úlcera duodenal, trastorno depresivo, ansiedad, insomnio, herpes tipo 2, reflujo con esofagitis y hasta síndrome de Guillain-Barré. Lo firmó un médico ya vinculado al narcotráfico, investigado en el caso Turesky. ¿Cómo es que un hombre que días antes subía fotos haciendo ejercicios, activo, viajando y en eventos públicos, ahora resulta una bomba biológica con más condiciones clínicas que un hospital entero? El Colegio de Médicos ya investiga ese certificado, que parece más una burla al sistema que un diagnóstico legítimo. Para delinquir, Gamboa estaba sano. Pero cuando lo agarraron, amaneció enfermo de todo.
Aquí es donde la cosa se vuelve más turbia: la DEA señala vínculos de Gamboa con un asesor cercano a Chaves y con un actual ministro. Y el jefe de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, lo dice sin titubeo: Gamboa no era un lobo solitario. Tenía nexos estrechos con figuras del Ejecutivo. Si esto es cierto, estamos ante una crisis institucional de proporciones colosales, y el presidente tiene la obligación de demostrar que no está pringado.
No basta con indignarse. Tiene que abrir todos los expedientes, permitir las investigaciones y caerle a su propio gabinete si es necesario.
El narco no solo asesinó gente en las calles de Limón. También corrompió desde adentro. Costa Rica vivió su año más sangriento en 2023, y eso no es culpa de un solo abogado criminal. Es el resultado de años de permisividad, ceguera institucional y pactos silenciosos que hoy revientan como bomba de tiempo.
Este escándalo también desvela un modelo agotado: el de la “neutralidad democrática” que aparenta pulcritud mientras debajo se pudre. Gamboa no solo delinquió. Gamboa es la prueba viviente de que el narcotráfico penetró la justicia, el deporte, los partidos y hasta el alma misma del Estado costarricense. Hoy hay apellidos de expresidentes enlodados, y no se vale mirar para otro lado.
Si Rodrigo Chaves quiere salvar su gobierno del hundimiento, debe poner sobre la mesa todas las cartas, incluso las más dolorosas. Y Solís y Chinchilla deben ser investigados también, sin privilegios ni blindajes. El pueblo costarricense tiene derecho a saber si estos corruptos expresidentes fueron ingenuos, incompetentes o cómplices.
Esta entrada fue modificada por última vez el 30 de junio de 2025 a las 2:13 PM
