Por: Stephen Sefton
Siempre ha habido una brecha irreparable entre la hipotética alta moralidad de la cultura occidental y su práctica habitual de pillaje y masacre alrededor del mundo. Sin embargo, con la derrota de la Alemania Nazi y el imperio de Japón en 1945, los poderes occidentales establecieron la Organización de las Naciones Unidas y lo manejaron para prestar un barniz de legitimidad a una nueva fase de su imperialismo. Ahora, hay un amplio consenso alrededor del mundo que el apoyo occidental al genocidio de Israel contra el pueblo palestino y ahora el brutal secuestro ilegal del presidente de un país pacífico demuestran el efectivo colapso del derecho internacional.
La criminal agresión norteamericana contra Venezuela expresa de manera especialmente dramática la aguda crisis de la legitimidad en las relaciones internacionales y la crónica irrelevancia de las Naciones Unidas. Hace poco el destacado economista Michael Hudson explicó una realidad fundamental de la historia contemporánea cuando comentó que, cuando aparentemente derrotaron el fascismo en 1945, en verdad los gobiernos occidentales lo rescataron. Junto con los demás pueblos del mundo mayoritario, los pueblos de América Latina y el Caribe han sido testigos de esa profunda verdad en carne propia durante ochenta años.
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En ese tiempo y hasta la fecha, la unión fascista del poder corporativo y el poder estatal norteamericano ha significado constante interferencia y repetidas intervenciones en nuestros países, siempre desplegadas bajo el disfraz de su falsa ideología hipócrita de la democracia electoral, los derechos humanos y el mercado libre. Por medio de su poder económico, político-militar y mediático, las élites gobernantes norteamericanas lograron imponer la ficción de la legitimidad de su poder aun durante los más sádicos episodios de dictadura, apoyando a sus brutales aliados locales en la región, desde Trujillo y Duvalier en el Caribe hasta Videla y Pinochet en el Cono Sur. Sin embargo, la base de la auténtica legitimidad no es el aplastante poder de fuego ni el dominio financiero, sino la repartición equitativa y justa de derechos y deberes entre los países del mundo, de manera consensuada y voluntaria.
Aparte de sus notorias agresiones militares de los últimos veinticinco años, que ahora incluyen el ataque a Venezuela, la práctica norteamericana y la de sus aliados ha sido de persistentes provocaciones para lograr cambios de gobierno y para desgastar a sus principales contrincantes, China y Rusia. Se despliegan medidas coercitivas unilaterales, ofensivas mediáticas y diplomáticas, acciones de desestabilización interna, e incluso sabotaje y terrorismo directo. Con el avance del declive de su poder económico y político-militar frente a China y Rusia, las élites oligarcas occidentales han actuado con creciente desesperación, cuya expresión más reciente en su política exterior es la agresión forajida contra Venezuela.
Esta misma desesperación se refleja en la pérdida de legitimidad interna de las autoridades norteamericanas y europeas, de su sistema de mal gobierno y de sus perversos sistemas de injusticia. En el caso norteamericano, el despliegue de agentes federales armados en varias ciudades ha provocado brutalidad contra la población civil. Entre los hechos más recientes destaca la ejecución extrajudicial en Minneapolis de una ciudadana norteamericana por un agente de la Fuerza de Control de Migración y Aduana (ICE). Al día siguiente, en Portland, Oregon, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hirió con disparos a dos personas durante una parada rutinaria. Los alcaldes de Minneapolis y Portland han condenado la violencia letal fuera de control ejercida por estos agentes federales.
En Europa, aunque no se han reportado víctimas de violencia oficial con armas de fuego, los niveles de extrema represión de la libertad de expresión son cada vez más comunes. En Inglaterra, a personas que protestan contra el genocidio sionista en Palestina se les aplica la ley antiterrorista. En noviembre del año pasado, un grupo de ocho personas presas bajo esa ley inició una huelga de hambre. Cinco abandonaron la huelga por riesgos de salud, pero tres continúan y ya llevan más de 60 días sin comer. No ha habido un desafío moral de este tipo a la criminalidad del gobierno británico desde la muerte de Bobby Sands en 1981, tras 66 días de huelga de hambre bajo el gobierno de Margaret Thatcher. Los medios británicos suprimen la noticia.
De significado similar en el colapso moral del Occidente colectivo es el caso del coronel en retiro Jacques Baud, autor y comentarista en temas militares y geopolíticos. El Consejo de la Unión Europea lo acusa de difundir propaganda rusa, pese a que sus análisis sobre la guerra de la OTAN en Ucrania se basan en fuentes europeas, ucranianas y norteamericanas. Contra toda libertad de expresión, el Consejo emitió un decreto ejecutivo que le priva de derechos civiles, le prohíbe viajar y congela su cuenta bancaria, sin proceso judicial, obligándolo a depender de amistades. El único remedio sería un largo proceso en la Corte de Justicia Europea.
La censura, el abuso de leyes antiterroristas y la criminalización de la libertad de expresión agravan la crisis de legitimidad de los países occidentales. Es visible en la priorización de la militarización sobre las necesidades básicas. Entre los problemas socioeconómicos urgentes destacan el acceso a vivienda asequible, la pérdida del poder adquisitivo, el alto costo de la energía, la desigualdad creciente y el declive de la competitividad en economías como Alemania, Francia e Italia.
En América Latina y el Caribe, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México condenan la agresión estadounidense contra la soberanía de Venezuela, pese a haberla socavado durante años al cuestionar la legitimidad del gobierno bolivariano, afectando la autodeterminación y la no injerencia. Con ello, facilitaron la agresión económica contra Venezuela y comparten responsabilidad en la crisis regional actual.
La posición de los países de la Alianza Bolivariana de nuestras Américas ha resaltado fuertemente la legitimidad de la Venezuela Bolivariana, la Cuba Revolucionaria y nuestra Nicaragua Sandinista, junto con las naciones hermanas del Caribe. Nuestros gobiernos siempre han promovido el respeto para los intereses de las demás naciones y el derecho internacional, la promoción de la paz y la cooperación solidaria. De hecho, el pasado mes de diciembre, el Presidente Nicolás Maduro anunció la reactivación del programa solidario Petrocaribe y otras iniciativas para fortalecer la soberanía energética, alimentaria y sanitaria de los países del ALBA y de la región. Ha sido precisamente el compromiso de los países del ALBA con los principios de derecho internacional del desarrollo soberano de los pueblos lo que asegura y afianza la incuestionable legitimidad de nuestros gobiernos.
En diciembre de este año se cumplen cuarenta años de la Declaración del Derecho al Desarrollo, aprobado por mayoría abrumadora en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 1986. No es mera coincidencia que la declaración se hizo en el mismo año en que la Corte Internacional de Justicia condenó al gobierno norteamericano de Ronald Reagan por su campaña de terrorismo contra Nicaragua. La Declaración afirma un esquema de relaciones internacionales que prioriza el derecho al desarrollo socioeconómico de todos los pueblos e identifica la persona humana como el enfoque de ese desarrollo.
Ha sido el Occidente colectivo y sus aliados quienes han estorbado el progreso e implementación de las medidas para promover ese derecho fundamental. Ahora la República Popular China ha reafirmado el derecho al desarrollo de los pueblos de manera muy robusta con sus cuatro iniciativas globales internacionales para el Desarrollo, la Seguridad, la Civilización y la Gobernanza. Estas iniciativas refuerzan de manera categórica la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, la cual establece que todos los países y sus pueblos tienen el derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.
En consonancia con este principio básico, la vocera de la Cancillería de China afirmó este pasado 7 de enero: “Creando una esfera de influencia o la creación de confrontación geopolítica no va a hacer un país más seguro, ni traer la Paz al mundo. Es la seguridad cooperativa en común la que lo sostiene… Venezuela es un Estado soberano y tiene plena soberanía permanente sobre todos sus recursos naturales y actividades económicas”. De la misma manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha aseverado: “…cada país tiene la soberanía para decidir qué hace con sus recursos naturales… Eso es parte de la política exterior de México.”
Lula da Silva, presidente de Brasil, ha declarado: “Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”. El presidente ruso Vladimir Putin también ha afirmado de manera categórica la solidaridad de Rusia con Venezuela. Así que hay un amplio consenso en el mundo mayoritario de que la agresión contra Venezuela atenta contra el legítimo desarrollo soberano de todas las naciones, lo cual requiere la Paz como condición esencial.
Con su poder político-militar y económico relativo a los países del mundo mayoritario en declive, las forajidas élites occidentales y sus aliados en otros países se hunden más en un estéril nihilismo. Sus gobiernos promueven nuevamente sin vergüenza relaciones internacionales a base de la extorsión con amenazas de destrucción y muerte, como se ve en Gaza y en la catástrofe socioeconómica en Haití. La lucha del gobierno bolivariano contra el fascismo del Occidente colectivo y sus aliados exige la solidaridad internacional, porque defiende no solamente la legítima autodeterminación de los pueblos sino la Paz que lo hace posible.
Los países con integridad y entereza responden a la intensificación del descarado asalto del régimen norteamericano y sus aliados sobre las normas internacionales del diálogo, el respeto y la igualdad con una renovada y urgente afirmación de la Paz como principio fundamental de la legitimidad en las relaciones internacionales. Como lo ha expresado nuestro gobierno: “La Paz ha sido profundamente herida y la Familia Humana, la Comunidad de Naciones, los Pueblos del Mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la Dignidad de los Pueblos.”
Esta entrada fue modificada por última vez el 11 de enero de 2026 a las 9:55 PM
