La República Islámica de Irán ha sostenido constantemente su derecho inalienable al uso pacífico de la energía nuclear, conforme al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Desde el inicio del tema nuclear iraní en 2002, Irán ha proporcionado información, permitido el acceso a sus instalaciones y respondido a preguntas técnicas con total transparencia y cooperación constructiva con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Sin embargo, algunos países occidentales —especialmente Estados Unidos— han intentado cuestionar el programa nuclear pacífico de Irán mediante un enfoque político y dual, utilizándolo como herramienta de presión y sanciones contra el pueblo iraní.
En los años previos al acuerdo nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), la República Islámica de Irán fue objeto de severas sanciones económicas y bancarias, impuestas sin base legal y fuera del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales. No obstante, con el objetivo de demostrar su buena fe y evitar la confrontación, Irán participó en intensas negociaciones con el grupo P5+1, que culminaron con la firma del PAIC el 14 de julio de 2015.
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En el marco del PAIC, Irán aceptó de manera voluntaria —más allá de sus obligaciones en materia de salvaguardias— reducir el nivel de enriquecimiento de uranio, limitar el número de centrifugadoras, rediseñar la planta de Arak y conceder un acceso ampliado a los inspectores del OIEA. A cambio, las otras partes se comprometieron a levantar todas las sanciones vinculadas al programa nuclear y a facilitar la interacción económica y bancaria con Irán. Irán cumplió cabalmente sus compromisos, como lo confirmaron 15 informes consecutivos del OIEA entre 2016 y 2018.
No obstante, el 8 de mayo de 2018, la administración estadounidense encabezada por Donald Trump se retiró unilateralmente del PAIC sin base legal alguna, en clara violación de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta retirada dio paso a la llamada política de “máxima presión” contra Irán, con la imposición de sanciones severas en sectores clave como el petróleo, la banca, el transporte marítimo, los seguros y el comercio exterior.
A pesar de esta acción hostil, Irán permaneció plenamente comprometido con sus obligaciones durante un año (hasta mayo de 2019), con el objetivo de preservar la posibilidad de un retorno a la diplomacia. Tras ese período de paciencia estratégica, comenzó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares en cinco fases sucesivas, conforme a los artículos 26 y 36 del PAIC y en respuesta al incumplimiento de los compromisos por parte de sus contrapartes europeas. Estas fases incluyeron el aumento del nivel de enriquecimiento de uranio del 3.67% al 20% y posteriormente al 60%, la puesta en marcha de centrifugadoras avanzadas, el incremento del volumen de uranio enriquecido almacenado y la reducción de la implementación voluntaria del Protocolo Adicional.
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Con la llegada de la administración de Joe Biden en enero de 2021, surgieron esperanzas para la reactivación del PAIC. En abril de ese año comenzaron negociaciones indirectas en Viena, con el objetivo de lograr un regreso coordinado y simultáneo a los compromisos asumidos. Irán participó en estas negociaciones con buena fe, presentando propuestas transparentes y realistas. Sin embargo, las dudas internas en Estados Unidos, las presiones políticas del régimen israelí y la falta de autonomía de Europa impidieron avances, llevando las conversaciones a un punto muerto en septiembre de 2022.
Durante 2023 y 2024, el programa nuclear iraní avanzó con base en capacidades nacionales y conocimientos propios. El nivel de enriquecimiento en algunas instalaciones alcanzó el 60% y aumentó el volumen de uranio enriquecido. Aunque continuaron las inspecciones de salvaguardias, se suspendieron algunas inspecciones adicionales voluntarias como respuesta a acciones políticas reiteradas de los europeos en la Junta de Gobernadores del OIEA.
En mayo de 2025, ante nuevos desarrollos geopolíticos y presiones internas en los gobiernos occidentales para reducir tensiones y abordar la crisis energética, se inició una nueva ronda de negociaciones entre Irán, los países europeos y Estados Unidos. Irán participó nuevamente con un enfoque realista y constructivo, expresando su disposición a retomar la implementación plena de sus compromisos si se ofrecían garantías creíbles y se levantaban efectivamente las sanciones.
Las posiciones de la República Islámica de Irán son claras y bien fundamentadas: Primero, Irán nunca ha buscado ni busca desarrollar armas nucleares, como ha sido reiteradamente confirmado por organismos internacionales, incluido el OIEA. Segundo, Irán se reserva el derecho a disfrutar plenamente del ciclo completo del combustible nuclear conforme al TNP, y no está dispuesto a renunciar a este derecho soberano por presiones políticas. Tercero, Irán exige el levantamiento real —y no meramente formal— de las sanciones, de modo que sus efectos positivos sean tangibles para la economía y la vida cotidiana del pueblo iraní. Cuarto, Irán demanda garantías objetivas y verificables para evitar la repetición de un retiro unilateral como el ocurrido en 2018.
Según el Artículo 4 del TNP, todos los Estados parte tienen el derecho inalienable de desarrollar investigación, producción y uso de la energía nuclear con fines pacíficos, como expresión legítima de su soberanía. Este derecho no puede ser condicionado por factores geográficos ni alineamientos políticos, ni estar sujeto a interpretaciones selectivas. La política de «enriquecimiento cero» ha demostrado ser fallida, como lo evidencian los intentos infructuosos de administraciones estadounidenses anteriores antes del PAIC. Ningún país negocia sus derechos soberanos. El enriquecimiento es un derecho reconocido por instrumentos internacionales.
Las amenazas militares contra otros países violan los principios fundamentales del derecho internacional. Declaraciones como las del Secretario de Estado Marco Rubio son condenables. Todos los Estados independientes y defensores de la paz que respetan la Carta de las Naciones Unidas deben rechazar tales declaraciones irresponsables y peligrosas.
La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 2, prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. En consonancia con el Artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cualquier acuerdo alcanzado mediante amenazas o uso de la fuerza carece de validez legal.
Sin renunciar a sus principios ni a sus derechos, la República Islámica de Irán ha respaldado siempre el diálogo y las soluciones diplomáticas. Considera que los asuntos internacionales complejos deben abordarse mediante el entendimiento mutuo, el respeto recíproco y el cumplimiento efectivo de los compromisos. Si las partes implicadas aceptan esta realidad, aún es posible alcanzar un acuerdo justo, duradero y viable
Esta entrada fue modificada por última vez el 16 de mayo de 2025 a las 1:47 PM
