Brasil vive un ambiente de gran expectativa y tensión, debido a que el Supremo Tribunal Federal (STF) de esa nación definirá este miércoles las reglas a seguir en el trámite de juicio político en contra de la mandataria Dilma Rousseff en el Congreso, así lo indicó el analista político, Beto Almeida.
Luego de que el pasado 9 de diciembre el magistrado Luiz Edson Fachin suspendiera los procedimientos de impugnación contra Rousseff, se espera que el STF determine su continuación.
En entrevista exclusiva a teleSUR, el analista brasileño señaló que “dentro del Congreso, especialmente en la Cámara de diputados, hay una serie de razones muy ilícitas impulsadas por Eduardo Cunha (presidente de la Cámara baja), para asegurar que ese proceso pueda salir adelante, pero si se cumple la Constitución, ese proceso podrá morir”.
Con relación a esto, explicó que los sectores que quieren acabar con el Gobierno, quieren interrumpir un proceso de cambio que está en marcha en Brasil, y además, quieren apoderarse de los trillones de dólares por los que está valorado el petróleo almacenado en la capa pre-sal (fondo del mar), para privatizarlo y entregarlo a las empresas transnacionales.
En este contexto, Almeida destacó que para manifestar el apoyo a la dignataria y rechazar el proceso de juicio político, grupos sociales e importantes gremios brasileños participarán este miércoles en manifestaciones que se llevarán a cabo en diversas ciudades del país suramericano.
Diputados del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) censuraron la actuación del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, a quien acusaron de alterar las normas del proceso y de favorecer a los bloques de oposición en la selección de los integrantes de ese Consejo.
En una petición a la máxima instancia judicial, Rousseff solicitó la anulación de la decisión de Cunha, de aceptar la solicitud de enjuiciamiento en su contra al sostener que debió ser escuchada primero, por las graves consecuencias que tal acción desencadenaría para el país.
El pasado miércoles 2 de diciembre, el presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, aprobó la solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por presuntamente haber “maquillado” las cuentas públicas de 2014 y 2015 y “cargado” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de dólares).
Ante la actuación del congreso brasileño, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió el proceso de juicio político, decisión que impide a la Cámara de Diputados instalar una comisión especial que evalúe la validez de la petición de enjuiciar a la Presidenta brasileña por el supuesto delito de responsabilidad fiscal.
Se prevé que este miércoles el STF determine la continuación o no del juicio y defina las reglas a seguir para evitar anomalías o violaciones de la Carta Magna.
Esta entrada fue modificada por última vez el 16 de diciembre de 2015 a las 10:08 AM