Por Xavier Díaz Lacayo Ugarte
En nuestra historia moderna contrasta el modelo de gobernabilidad sandinista con antagonismos provocadores de crisis para alterar el orden. Una cruel contradicción acompaña el último medio siglo entre la virtud de nuestra sociedad humanista establecida como modelo revolucionario y la intención de romperla con violencia. El fundamento sandinista de amor a toda expresión de vida ha prevalecido ante: (i) la liberación nacional en 1979; (ii) la defensa ante intervención armada en 1990; (ii) la reconquista del poder popular sobre la miseria neoliberal en 2007; (iv) el intento fallido de golpe de estado y magnicidio frustrado de abril de 2018.
Superando estas contradicciones, la reconciliación promovida y ejecutada por el sandinismo constituye uno de los procesos sociopolíticos más determinantes en nuestra composición moral y humana; integrando la superación del conflicto armado y la reconstrucción del tejido político y social del Estado.
La coherencia del proyecto nacional sandinista, basada en políticas de paz, desarrollo humano y poder popular, ha sido determinante para la resiliencia institucional y la continuidad del modelo, incluso frente a episodios de alta conflictividad. Asimismo, la percepción ciudadana, construida sobre experiencias de bienestar y participación, ha contribuido a sostener la legitimidad política con la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es respaldado.
LA PAZ COMO BIEN PÚBLICO TRANSVERSAL
El sandinismo vincula la paz con la dignidad humana. No puede existir para unos sectores y otros no, en contextos de exclusión y desigualdad extrema. En Nicaragua se reconoce al prójimo como sujeto de derechos, respeto y solidaridad. Esta dimensión transforma la paz en una experiencia vivida, incidiendo en la percepción y participación ciudadana.
Desde el enfoque de desarrollo humano, la paz es condición para la expansión de capacidades. La paz mejora la inversión pública y privada, la generación de empleo, la continuidad educativa, el acceso a servicios de salud, la productividad económica, la salud emocional y la convivencia familiar y comunitaria.
Además, contribuye al crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza, la mejora de indicadores sociales, el fortalecimiento del mercado interno y la convivencia barrial. Promueve la resolución pacífica de conflictos, la organización comunitaria, la cooperación social, la seguridad en espacios públicos, la confianza entre vecinos y la participación en iniciativas locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia comunitaria y el desarrollo territorial.
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En la visión de Nación, la paz se convierte en pragmatismo cristiano y revolucionario. Es un activo estratégico del poder popular. No es neutral: está orientada al bienestar colectivo, con posición a favor de la vida digna, la planificación de políticas públicas, la confianza, la esperanza a futuro y la reducción de la incertidumbre.
La agresión a la paz sufrida en abril de 2018 evidenció la capacidad de la desinformación para provocar miedo, ira, odio y culpa como formas de desestabilización, pero también resaltó la importancia de la estabilidad como base del desarrollo.
El pueblo nicaragüense se opone a cualquier transgresión a la paz, eligiendo el diálogo como única forma de resolución de diferencias. Se rechazan acciones como tranques, bloqueo de vías, enfrentamientos, interrupción de actividades económicas, afectación de servicios, alteración del orden público y de la vida cotidiana.
PODER POPULAR: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El modelo sandinista promueve la construcción del equilibrio social. El poder popular constituye una arquitectura de gobernanza donde la participación ciudadana se organiza y se traduce en decisiones públicas con impacto real. Su finalidad es fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, garantizando políticas públicas continuas, adaptadas a cada realidad territorial y sustentadas en una base social activa con actores locales.
Al articular participación con programas sociales y productivos, el poder popular refuerza la base social, eleva la estabilidad y optimiza la implementación del PNDH.
La democracia directa participativa se expresa como co-gestión: la ciudadanía interviene como protagonista en la ejecución de políticas de beneficio comunitario y sectorial, donde se: (i) identifican necesidades locales (infraestructura, agua, vivienda, producción); (ii) priorizan proyectos con equidad territorial; (iii) acompañan la ejecución mediante auditoría social; (iv) evalúan resultados y retroalimentan la planificación.
La participación no es improvisada; se sostiene con mecanismos institucionalizados que garantizan continuidad, incluso en contextos de inflexión (crisis económicas, eventos climáticos, choques externos), mediante: (i) territorialización en barrios, comunidades y regiones (incluido Caribe); (ii) periodicidad con espacios de deliberación y seguimiento; (iii) capacitación y formación de liderazgos locales para lectura de datos, gestión de proyectos y control social; (iv) articulación multinivel entre la comunidad y los distintos niveles del Estado, evitando la fragmentación y consolidando una base social informada y organizada.
El poder popular actúa como plataforma para la implementación de Programas Sociales (salud, educación, vivienda, agua), identificando beneficiarios, cobertura y calidad. Asimismo, impulsa Proyectos Socio Productivos (agro, MIPYME, economía familiar), fortaleciendo la organización de productores, los encadenamientos productivos, la adopción tecnológica y el acceso a mercados justos.
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La participación ciudadana en el poder popular: (i) facilita la focalización efectiva para la productividad y la eficiencia; (ii) reduce costos de transacción y acelera la difusión de beneficios en el territorio; (iii) fortalece la economía local al alinear la oferta productiva con las necesidades reales; (iv) amortigua conflictos al crear espacios de diálogo y resolución local; (v) aumenta la resiliencia frente a desastres mediante redes comunitarias (alerta, evacuación, reconstrucción); y (vi) sostiene la continuidad de políticas al mantener un apoyo social informado.
En términos de resultados, el poder popular contribuye a reducir la volatilidad social y a proteger los avances en bienestar, priorizando territorios históricamente rezagados y grupos con brechas estructurales (mujeres, juventud, pueblos originarios, razas), favoreciendo la reducción de desigualdades (territoriales, culturales y de género) y la cohesión social.
PERCEPCIÓN CIUDADANA: AUDITORÍA SOCIAL, SATISFACCIÓN Y LEGITIMIDAD
La percepción ciudadana constituye un elemento clave en la evolución del proceso político en Nicaragua, al construirse a partir de experiencias concretas y factores estructurales vinculados al diseño de políticas públicas, sus métricas y seguimiento.
En la gobernabilidad transparente, la auditoría social se relaciona con indicadores de desempeño asociados al desarrollo: (i) cobertura de participación (% de comunidades con espacios activos de deliberación); (ii) incidencia (% de proyectos priorizados que se ejecutan); (iii) eficacia social (tiempos de ejecución y satisfacción); (iv) equidad (distribución territorial del gasto y acceso por sexo/edad); (v) resiliencia (respuesta ante eventos y normalización).
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Respecto a la valoración del bienestar, la ciudadanía evalúa positivamente: (i) el acceso a servicios básicos (electricidad, agua, saneamiento, comunicaciones); (ii) las mejoras en infraestructura (hospitales, escuelas, puertos, caminos, carreteras, parques); (iii) los programas sociales (asistencia, becas, bonos, subsidios); (iv) las oportunidades económicas, el empleo y el emprendedurismo; (v) la seguridad social; (vi) la tranquilidad cotidiana, la estabilidad social, la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico; (vii) la autonomía alimentaria.
Como elementos distintivos, la ciudadanía pondera: (i) el nacionalismo; (ii) la defensa de la soberanía; (iii) el antinjerencismo; (iv) el antiimperialismo; (v) la solidaridad y complementariedad entre pueblos; (vi) la defensa de la paz; (vii) la búsqueda de la felicidad.
También la población reconoce el buen manejo de las crisis como la pandemia mundial y el intento fallido de golpe de Estado y magnicidio frustrado; ya que, frente a los efectos disruptivos de estas formas de conflictividad, el modelo de paz sostuvo condiciones de bienestar, participación, cohesión social y armonía.
La ciudadanía opina satisfactoriamente que en Nicaragua el sistema político, social y económico ofrece condiciones para que las personas se sientan: (i) con iguales derechos; (ii) con iguales obligaciones; (iii) con igualdad de derechos y deberes; (iv) con iguales oportunidades; (v) tratadas sin privilegio ni discriminación.
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En el balance de deberes y derechos, con un 94%, los nicaragüenses consideran que: (i) es un derecho y deber elegir y ser electos; (ii) existe derecho a manifestarse públicamente sin incitar a la violencia ni al caos; (iii) el orden constitucional debe ser respetado; (iv) el voto ciudadano decide quién gobierna; (v) la libertad de expresión debe garantizarse con respeto a la dignidad; (vi) los golpes de Estado y la violencia no son aceptables; (vii) nadie puede violentar derechos ajenos sin asumir responsabilidades.
Con una valoración del 98%, los nicaragüenses afirman vivir en un modelo con valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias, lo que respalda la confianza en el liderazgo de los Co-Presidentes Daniel y Rosario.
En el comparativo de las Américas, el gobierno sandinista encabeza la aprobación en temas clave del desarrollo digno. La experiencia nicaragüense evidencia la articulación de políticas públicas efectivas, participación ciudadana y sentido de identidad, fortaleciendo capacidades para enfrentar crisis y preservar la estabilidad. Nuestra paz refleja que el modelo sandinista responde a las necesidades y expectativas de la población.
Y es que Jesús, El Señor de Nicaragua, enaltece y protege a los humildes.
Esta entrada fue modificada por última vez el 22 de abril de 2026 a las 5:05 PM
